Administraciones Locales están sometidas a responsabilidad patrimonial, y pueden exigir a las personas responsables de las actuaciones administrativas que causen daños a terceros.
Y es que ostentar un cargo público o un cargo electo conlleva una gran responsabilidad. De hecho, cualquier persona con un cargo público puede incurrir en un acto incorrecto. Estos actos pueden derivar en una reclamación por los perjuicios económicos ocasionados a la propia administración o a un tercero, e incluso pueden acabar en el Tribunal de Cuentas, afectando dicha reclamación al propio patrimonio de la persona.
Esta responsabilidad, de naturaleza civil, puede protegerse mediante un seguro específico de responsabilidad civil que pueden contratar alcaldes, concejales y otros cargos de las administraciones locales.
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La responsabilidad de tomar decisiones
Cuando una persona de la administración local, o de cualquier administración, tiene que tomar una decisión, y esta demuestra ser incorrecta, debe responder ante los perjudicados, según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo. Esta ley, en su artículo 145, precisa la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. La exigencia de esta responsabilidad, según el artículo 142, se debe activar de oficio en casa de reclamación por responsabilidad civil patrimonial contra la administración, y sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Pero, además de la exigencia de la responsabilidad patrimonial, a los cargos públicos se les puede exigir responsabilidad penal. Es el caso de situaciones de prevaricación, cohecho, selección del personal, contratación administrativa, malversación de fondos, delitos contra el medioambiente, delitos contra la ordenación del territorio, delitos urbanísticos o delitos de protección de datos.
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Ventajas de los seguros de responsabilidad civil para autoridades y cargos públicos
Visto lo anterior, y teniendo en cuenta el riesgo de incurrir en alguna responsabilidad por hacer algo de forma incorrecta -o que alguien ponga una denuncia por ello, en muchas ocasiones, sin razón- disuade a muchas personas de ocupar cargos públicos. De hecho, muchas personas en las administraciones locales, especialmente en los pequeños municipios, desconocen las graves consecuencias que una mala gestión puede ocasionarles.
Contratar un seguro de responsabilidad civil para autoridades y personal de la administración permite estar un poco más tranquilo, puesto que el riesgo se transfiere a la aseguradora, que se hará cargo, para empezar, de los elevados costes de la defensa jurídica y, en caso necesario, de hacer frente a la indemnización.
En el caso de las administraciones locales, estos seguros cubren, además de a los cargos electos (alcalde y concejales) a todo el personal al servicio de la administración y a otras entidades dependientes, así como a sus cónyuges o parejas de hecho y a sus herederos legales.
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Coberturas de los seguros de responsabilidad civil para alcaldes, concejales y otras autoridades
Este tipo de seguros suelen ofrecer las siguientes coberturas:
1. Responsabilidad frente a la Administración pública
Esta cobertura ofrece indemnización frente a cualquier perjuicio derivado de una reclamación presentada contra el asegurado por la Administración Pública por un acto incorrecto.
2. Acciones de la Administración Pública por daños a sus bienes y derechos
Esta cobertura indemnizará por cualquier perjuicio derivado de una reclamación presentada contra el asegurado por la Administración por daños a sus bienes y derecho por omisión en la acción necesaria o acto incorrecto.
3. Acciones por responsabilidad contable
Esta cobertura se encarga de la responsabilidad frente a la administración pública, del Tribunal de Cuentas o de otros órganos fiscalizadores de las comunidades autónomos.
4. Responsabilidad frente a terceros por acto incorrecto o por omisión de la acción necesaria
5. Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas
6. Restitución de imagen
7. Defensa y asistencia legal
8. Constitución de fianzas civiles y penales
9. Pérdida de documentos
10. Gastos de asistencia psicológica
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Eva María Rodríguez
Redactora web y creadora de contenidos digitales especializada en seguros y finanzas, así como en deporte y vida saludable. Colabora con PuntoSeguro desde 2014.
